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La construcción de gobernanza climática en ONU es un proceso altamente disputado por actores de diversa índole, que, en función de sus intereses y sus visiones de mundo, intentan influir en la definición de acuerdos climáticos. La CMNUCC de 1992, el Protocolo de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París de 2015, son estratégicos pues independientemente del mayor o menor nivel de cumplimiento de lo acordado, establecen guías de acción sobre el modelo de desarrollo, la matriz energética, el futuro de sectores económicos, entre otros. Estos acuerdos se suelen percibir como influenciados por ciertos Estados y sectores empresariales que, dado su peso político y económico, direccionan el sentido de la gobernanza climática.

Esta ponencia presenta resultados preliminares de una investigación que muestra que, si bien es incuestionable el poder de los actores hegemónicos, no logran direccionar el proceso a conveniencia. Diversos sectores de la sociedad civil, particularmente la comunidad científica, logran disputar el direccionamiento de la gobernanza climática gracias al proceso de producción y gestión del conocimiento sobre lo ambiental. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se ha convertido en un espacio estratégico en el que, mediante la construcción de un bien común de conocimiento, se disputa la orientación de la acción climática. Mediante un análisis sociosemiótico de discursos se analiza cómo, sin contar con los recursos económicos y políticos de los actores hegemónicos, la comunidad científica ha logrado incidir en la orientación de los grandes acuerdos climáticos.

La seguridad humana ha dejado de ser un concepto normativo emergente para consolidarse como un paradigma estructurante del orden internacional contemporáneo. Su influencia en la integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible evidencia una transformación profunda en la forma en que se concibe la seguridad, la soberanía y la gobernanza global.

El reto para el siglo XXI radica en operacionalizar este paradigma mediante políticas públicas, litigio estratégico y mecanismos internacionales eficaces que permitan enfrentar los riesgos globales desde una perspectiva centrada en la persona.

La seguridad humana y su impacto en la transformación del orden internacional contemporáneo, particularmente en su intersección con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. A partir de una revisión doctrinal especializada, instrumentos internacionales y jurisprudencia relevante (incluida la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) se sostiene que la seguridad humana ha operado como paradigma reconfigurador de la gobernanza global, desplazando enfoques estatocéntricos hacia modelos centrados en la dignidad humana, la sostenibilidad ecológica y la justicia intergeneracional. Se incorpora aparato crítico con notas al pie, útil tanto para publicación indexada como para litigio estratégico.

La transición hacia un modelo ecocéntrico marca un hito en el orden internacional al reconocer al río Atrato, los páramos y los animales como nuevos sujetos de derecho. Sin embargo, proteger a estos actores frente a economías extractivas exige ir más allá de la retórica judicial. En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) se consolida como la infraestructura indispensable para operacionalizar de forma efectiva sus derechos.

La IA transforma la vigilancia ambiental mediante herramientas de bioacústica automatizada y visión artificial —como los dispositivos SPARROW y la Red Otus— que monitorean ecosistemas de manera autónoma y emiten alertas tempranas. Asimismo, el uso de satélites impulsados por IA detecta la minería ilegal y la invasión agrícola, aportando evidencia científica crucial para la aplicación del principio de precaución en los tribunales.

No obstante, esta integración plantea una profunda paradoja ambiental: si bien la tecnología es vital para proteger la naturaleza, su propia operatividad y el entrenamiento de sus modelos generan un alto impacto ecológico, lo que exige implementar sistemas con baja huella de carbono y menor consumo de agua.

Sumado a este reto físico, surgen desafíos diplomáticos: es imperativo construir una soberanía ambiental y digital para evitar la dependencia tecnológica del norte global, y exigir una "IA explicable" que garantice siempre la supervisión humana en los estrados judiciales. Así, el despliegue de la IA emerge como un imperativo, pero exige un delicado equilibrio para no sacrificar los mismos recursos naturales que busca defender.

Monterrey es la tercera ciudad más grande del país, considerando el número de habitantes y cuenta con un servicio de trenes de pasajeros denominado Metrorrey.

En el año 2001 el Gobierno del Estado de Nuevo León decidió realizar la instalación de una planta generadora de electricidad con biogás para aprovechar el metano de los desechos orgánicos de la Zona Metropolitana de Monterrey a fin de suministrar energía limpia principalmente a las Líneas 1 y 2 de Metrorrey y disminuir el costo energético. Su primera etapa fue inaugurada en 2003.

La implementación del proyecto involucró al gobierno estatal, al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos, a la empresa Bioeléctrica de Monterrey, S. A. de C. V. y como socios-usuarios a Metrorrey y a los gobiernos de municipios conurbados, creando así a la entidad denominada Bioenergía de Nuevo León, S. A. de C. V.

Este proyecto fue el primero de su tipo en América Latina y para iniciar recibió un donativo del Fondo Mundial del Medio Ambiente y posterior a su puesta en marcha fue registrado en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto para obtener recursos financieros a través de los bonos de carbono, mejorando su viabilidad financiera.

La planta de biogás continúa en operación al día de hoy y ante los desafíos de México para impulsar la transición energética hacia energías renovables, su análisis pretende identificar lecciones aprendidas, áreas de oportunidad y apoyos nacionales e internacionales que faciliten su replicabilidad.