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En los últimos treinta años ha surgido y consolidado una de las ramas del derecho internacional más dinámicas que es el derecho internacional penal y con él la puesta en marcha de instrumentos y mecanismos jurisdiccionales internacionales para el tratamiento de crímenes y delitos como la agresión, el genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad, como son los tribunales especiales instaurados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, entre otros) y los tribunales permanentes y autónomos especializados como la Corte Penal Internacional (CPI), establecida en 1988 por el Estatuto de Roma. Uno de los fenómenos criminales que se ha expandido y fragmentado en el actual escenario global es el de la Delincuencia organizada y cibernética transnacional, lo que ha colocado en la agenda de prioridades de la sociedad internacional la reforma de organismos internacionales de cooperación dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas y la implementación de tratados y convenciones internacionales específicos como las Convenciones de Palermo de 2000 y de Budapest en 2004 con sus protocolos como el de 2022. Estos y otros instrumentos son aplicados con muchas dificultades y observados por la mayoría de los Estados para afianzar la cooperación y el combate efectivo a la creciente ampliación y diversificación de los tipos penales internacionales de mayor lesividad que atentan contra la paz y seguridad internacionales.