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Esta investigación explora la configuración de la frontera entre México y Guatemala a finales del siglo XIX, entendiéndola no solo como un límite de soberanía nacional, sino como un dispositivo de ingeniería legal diseñado para facilitar la acumulación de capital. El estudio se centra en el impacto del Tratado Herrera-Mariscal (1882) sobre la tenencia de la tierra, tomando como unidades de análisis las fincas El Malacate (Tuxtla Chico, México) y El Porvenir (San Marcos, Guatemala), propiedades que formaron parte del patrimonio personal del dictador guatemalteco Justo Rufino Barrios.

El argumento central sostiene que la delimitación técnica realizada por la Comisión Mixta de Límites funcionó como un mecanismo de "saneamiento jurídico". Este proceso permitió transformar territorios en disputa y tierras de uso social en activos privados blindados por el derecho internacional, facilitando su posterior integración a las cadenas globales de valor controladas por consorcios alemanes. Metodológicamente, la propuesta emplea un análisis de historia económica + geografía crítica, integrando la revisión de protocolos notariales y expedientes de la Escribanía de Gobierno de Guatemala con el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Mediante la georreferenciación de la cartografía histórica (mapas de 1895), se busca reconstruir la lógica espacial del despojo. Esta técnica permite contrastar los planos originales de la comisión con la cartografía actual para cuantificar el impacto del trazado fronterizo sobre la propiedad preexistente, revelando que la frontera operó como una infraestructura de propiedad privada que trascendió las divisiones políticas nacionales, y el tiempo mismo.

En el estudio de la configuración del orden internacional en la posguerra ha privilegiado el estudio de las acciones desarrolladas por las potencias mundiales, mientras que países considerados como potencia media quedan relegados en cuanto a sus contribuciones.

El propósito de esta ponencia es ahondar en el papel desempeñado por México en la construcción normativa del orden de posguerra entre 1945 y 1948, a partir de su participación en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz (Chapultepec, 1945), la Conferencia de San Francisco y los procesos que condujeron a la consolidación del sistema interamericano.

Esta ponencia analiza comparativamente los juicios a militares en los procesos de democratización del Cono Sur durante la década de 1980 con el objetivo de explicar la variación en sus resultados que en algunos casos condujeron a la condena de las élites militares y en otros a la impunidad. El argumento central sostiene que la decisión de juzgar no puede entenderse únicamente a partir de factores institucionales, sino a partir de los incentivos políticos que enfrentaron las élites civiles en el contexto de la transición.

A partir de tres casos —Argentina, Brasil y Chile—, la investigación evalúa el grado de dependencia de los nuevos gobiernos civiles respecto a las fuerzas armadas, así como el papel de la presión social. En Brasil, la transición gradual y negociada mantuvo a las fuerzas armadas como un actor políticamente relevante, lo que garantizó amnistías. En contraste, en Argentina, la derrota militar en la Guerra de las Malvinas y el fracaso económico debilitaron profundamente al ejército, facilitando el Juicio a las Juntas. El caso chileno presenta una trayectoria intermedia: la continuidad del poder militar limitó inicialmente los procesos judiciales, pero el fortalecimiento progresivo de la competencia política y la movilización social permitió posteriormente avanzar en el juzgamiento de exmilitares.

En conjunto, los casos analizados muestran que los juicios a militares son consecuencia no únicamente de compromisos normativos con la justicia, sino productos de configuraciones políticas específicas en las que varían la autonomía de la elite civil y la presión social.

La década de los noventa es una de las épocas de mayor interés para historiadores de la política exterior de Estados Unidos e internacionalistas, particularmente por el proceso de transición que atravesó la nación norteamericana; de ser una “potencia hegemónica” dentro de un sistema bipolar y, de pronto, serlo en un sistema unipolar Esto abrió el camino a una serie de teorizaciones con respecto a que el rol de “potencia hegemónica” debe de desempeñarse con ciertas precauciones; incluso ya entrada la segunda del siglo XXI fue el tiempo en que surgieron tesis como la de “la estabilidad hegemónica”.

La ponencia tiene como finalidad presentar una línea de investigación que busca explicar cómo se tomaron las decisiones sobre medidas persuasivas con respecto a derechos humanos en los años noventa cuando, se supondría, Estados Unidos no tendría condicionantes para coaccionar a otras naciones. Dicho estudio se construirá sobre la base analítica de la subdisciplina del Análisis de Política Exterior (Foreign Policy Analysis -FPA), en particular la literatura enfocada al desempeño, disputa y altercasting de roles nacionales.

Así pues, el argumento central de la investigación, que presentará un estudio de caso sobre México, se resume en lo siguiente: las señales de aspiración del gobierno de México por desempeñar un rol de “potencia media” a principios de los años noventa (expresar un compromiso por respetar los derechos humanos) influyó en la toma de decisiones dentro de la “potencia hegemónica” para desplegar acciones de carácter persuasivo hacia su vecino del sur.