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Esta ponencia analiza el impacto de la cooperación internacional entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de México en materia de Justicia Terapéutica (TJ), centrándose en las acciones, actores, procesos y resultados más relevantes vinculados al Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA) de Nuevo León durante el periodo 2017–2023.

La investigación se sustenta en los enfoques del Liberalismo Institucional y el Constructivismo. Su hipótesis plantea que esta cooperación es eficaz al fortalecer las capacidades institucionales mexicanas mediante la implementación de la TJ, generando efectos positivos en la atención de personas con problemas de consumo de sustancias y en la protección de sus derechos humanos.

El estudio se vincula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, orientado a promover sociedades pacíficas e inclusivas mediante instituciones eficaces, el acceso a la justicia y la reducción del encarcelamiento innecesario.

Los hallazgos muestran que la cooperación OEA–México fue un factor clave para la creación y consolidación del TTA en Nuevo León, al aportar bases técnicas e institucionales para su desarrollo. Si bien el programa presenta resultados favorables, su sostenibilidad requiere mayor financiamiento nacional, fortalecimiento normativo y ampliación territorial.

La hipótesis se comprueba parcialmente debido a que la Justicia Terapéutica puede contribuir a reducir conductas delictivas asociadas al consumo de sustancias y mejorar el acceso a la justicia, siempre que exista un acompañamiento interdisciplinario, supervisión judicial continua y respaldo institucional permanente.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canada (T-MEC) acuerdo comercial vigente en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Constituye uno de los instrumentos comerciales más importantes para la economía mexicana. Su estructura normativa prioriza la liberación del comercio, la protección de inversiones y el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, estas disposiciones generan tensiones con ámbitos no estrictamente económicos, entre ellos la protección del patrimonio cultural, particularmente el vinculado a artesanías tradicionales y denominación de origen.

En el Estado de Guanajuato, las artesanías y los productos identidad territorial representan no solo una actividad económica, sino también una expresión de memoria colectiva, saberes tradicionales y vínculos comunitarios. No obstante, el régimen del T-MEC puede incidir en su regulación mediante normas sobre marcas, patentes, indicaciones geográficas y trato nacional, lo que plantea riesgos de apropiación cultural, mercantilización del patrimonio y debilitamiento de la capacidad regulatoria del Estado y de las comunicaciones locales.

El problema central de esta investigación consiste en analizar cómo el T-MEC impacta la protección del patrimonio cultural inmaterial en Guanajuato y hasta qué punto las disposiciones comerciales pueden entrar en conflicto con los marcos jurídicos y políticos de salvaguarda cultural.

El presente trabajo visibiliza el marco jurídico de Derechos Humanos, particularmente el de la migración desde Centroamérica hacia la frontera norte de México, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Se pone especial énfasis a la migración del triángulo norte centroamericano: El Salvador, Guatemala y Honduras. En primer momento se identifican las herramientas jurídicas y autoridades correspondientes para la protección de derechos humanos.

Finalmente se destacan reflexiones acerca de la pertinencia de la gobernanza global en torno a la protección de Derechos Humanos de las personas migrantes para la debida protección y garantía de sus derechos. Por un lado se distingue, que a pesar de que existe legislación que protege los Derechos Humanos de estas personas, las mismas se ven vulneradas en su ejercicio y por otro, la responsabilidad del Estado al ser omiso en la aplicación de la ley y particularmente violar el derecho a la seguridad jurídica, derecho a la protección de la salud, el derecho al trato digno y el derecho a la legalidad de las personas migrantes.

América Latina como espacio geográfico determinado y determinable, ha gestado diferentes niveles de organización continental. Este proceso se remonta desde la Primera Conferencia Interamericana celebrada en Washington D.C. , a finales de 1889 hasta 1890, hasta llegar a la IX Conferencia de Bogotá en 1948 y que culmina con la gestación de la Organización de Estados Americanos (OEA), propiciando un Sistema Interamericano dotado de normatividad e instancias dotadas de funciones concretas.

Más sin embargo, la OEA ha carecido de mecanismos de coercitividad y vinculancia, para optar por un régimen multilateral que ante la diversidad y especificidad de los diferentes países, pueda generar una gobernanza y paz regional. Ni la Asamblea General, ni el Comité de Consulta, ni la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, previstos en la Cata de la OEA, han logrado este acometido.

Esta organización regional debe avanzar hacia los ideales de la “Carta Democrática Interamericana”, adoptada durante el vigésimo octavo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú. En esta ponencia se realizará un análisis crítico de este instrumento del derecho internacional interamericano y se generaran algunas vías de abordaje.