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Siguiendo el Principio Rector 9 de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, los Estados deben garantizar la coherencia política entre sus compromisos en tratados de inversión y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, la práctica del arbitraje de inversión ha evidenciado una tensión estructural que pone a prueba la soberanía regulatoria estatal frente a las expectativas de la inversión extranjera.

Esta pieza analiza la problemática a través de dos casos emblemáticos: Lupaka Gold v. Perú y Gabriel Resources v. Rumania. Ambos procesos ilustran cómo las disputas inversor-Estado pueden derivar de la resistencia social y la defensa de derechos colectivos, al tiempo que plantean desafíos para el Derecho Internacional. A partir de estos ejemplos, se valoran los aprendizajes y las posibles rutas hacia una integración normativa que armonice la protección de la inversión con la primacía de los derechos humanos.

Durante 2025 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron opiniones consultivas al respecto de las responsabilidades de los Estados ante el cambio climático. En ambos casos, las opiniones tienen origen en solicitudes de Estados que enfrentan escenarios de alta vulnerabilidad ante exposición a riesgos, pérdidas y daños derivados de fenómenos relacionados con el cambio climático. Si bien estas opiniones tienen coincidencias significativas, destacan por sus profundas diferencias al momento de interpretar el alcance de los tratados relevantes en la materia; la identificación de las responsabilidades que se desprenden para los Estados; el reconocimiento de las obligaciones de compensar a los más vulnerables;y en particular, de la forma en que se vinculan con el sentido mas amplio de la justicia climática. En este sentido, la opinión de la CIJ resulta extremadamente restricitiva en su interpretación, mientras que la CIDH impulsa el desarrollo de nuevos conceptos, instrumentos y obligaciones para hacer frente a la emergencia climática. Independientemente de esto, estas resoluciones establecen parametros importantes para orientar el sentido de la política climática internacional y el desarrollo de políticas nacionales, en un momento en que por un lado emergen nuevos instrumentos juridicos ambientales y climáticos a nivel internacional y, por otro lado, las instituciones multilaterales se erosionan como resultado de las estrategias de potencias ante los cambios geopolíticos globales. Finalmente, estas opiniones ilustran algunas de las problemáticas que enfrentará el derecho internacional en las próximas décadas.

En el contexto actual de conflictos en las relaciones internacionales, la economía se ha entrelazado profundamente con la seguridad tanto nacional como internacional. Esto se debe a que las potencias mundiales han dejado de respetar la primacía de la economía y ahora emplean la coerción económica como una herramienta geopolítica. La dinámica de la competencia estratégica en un entorno de interdependencia económica ha propiciado el surgimiento de nuevas y sofisticadas formas de coerción económica que pueden tener efectos devastadores para la paz y seguridad internacionales en el nuevo orden mundial emergente. El carácter destructivo de ciertas políticas económicas agresivas, independientemente de sus motivos, justifica una reevaluación de los estándares de comportamiento económico establecidos en el derecho internacional, así como una mejora en las acciones que los organismos internacionales pueden implementar para asegurar la paz y seguridad económica a nivel internacional.

Con esta ponencia se presentan los resultados de la implementación de una actividad colaborativa donde los estudiantes de relaciones internacionales utilicen herramientas de IA para elaborar un plan de internacionalización del MARCO, integrando análisis de mercados globales del arte, estrategias de importación/exportación de obras y un sistema de gestión de riesgos, midiendo el impacto en el logro de competencias específicas de la asignatura.