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Este artículo explora la participación de los pueblos indígenas de América Latina en procesos de consulta indígena relacionados con proyectos energéticos. Aunque los beneficios de los procesos participativos han sido tradicionalmente dados por hecho, este artículo muestra que la participación puede complejizar los retos de justicia socioambiental. Por medio de desarrollar dos casos de infraestructura de energía limpia en México, una planta eólica y un gasoducto, cuyos procesos políticos incluyeron consulta indígena, este artículo traza las diferentes definiciones del problema público en los debates de política pública y los marcos de política resultantes relacionados con desarrollo sustentable. El objetivo es evaluar hasta qué punto la consulta indígena funciona como un instrumento para incorporar las preocupaciones de las comunidades afectadas en el proceso de toma de decisión. Este artículo tiene dos contribuciones: 1) explorar el papel de los actores no estatales en los procesos de toma de decisión, especialmente en un área altamente politizada como la política energética; y 2) identificar las limitaciones de los procesos participativos en contextos multiculturales donde las relaciones sociedad-estado pueden ser radicalmente diferentes, como es el caso de los países latinoamericanos que cuentan con una importante población indígena.

La justicia socioambiental pone de manifiesto la interdependencia entre la justicia ambiental y la justicia social para asegurar el bienestar de generaciones presentes y futuras, ya que reconoce las problemáticas referentes a la ausencia de ganancias equitativas en relación al manejo de recursos naturales, así como a las afectaciones diferenciadas que derivan de los daños ambientales; por lo que aborda la importancia de superar la explotación de la naturaleza a través del aprovechamiento sustentable de los beneficios ambientales con el ánimo de procurar la implementación de modelos de desarrollo sustentable. En este contexto la Justicia Socioambiental se ha posicionado como un concepto clave en el escenario latinoamericano, ya que al hacer uso de sus riquezas naturales como parte de su softpower, los Estados latinoamericanos han mantenido su influencia y soberanía en el llamado “orden mundial” cuya estabilidad gira en torno a la construcción de dialogo y entendimiento mutuo con base en el respeto a la dignidad humana, lo cual, no puede ser sino a través del apego irrestricto al derecho humano al medio ambiente sano; por lo que la presente ponencia, tiene como propósito analizar el desarrollo de la justicia socioambiental a través de instrumentos internacionales ligados al medio ambiente sano, con el ánimo de apotrar una reflexión sobre el Estado de Derecho para la construcción de una gobernanza ambiental global que sirva a la consolidación del bien común.

Desde una perspectiva feminista y comunitaria, la ponencia tratará cómo las mujeres organizadas en los territorios del sur global han construido formas de resistencia frente al extractivismo —minero, energético, agroindustrial o inmobiliario— y frente a la repatriarcalización territorial, entendida como el reforzamiento de violencias, desigualdades y control sobre los cuerpos y comunidades. Estas organizaciones colocan “la vida en el centro”, defendiendo el cuidado, los bienes comunes, la sostenibilidad y las redes comunitarias como alternativas al modelo de despojo capitalista y patriarcal.

Los efectos socioambientales de la migración internacional en la zona ecológica del Chichinautzin, se deben entender como un territorio atravesado por procesos de conservación, presión inmobiliaria, disputa por la tierra y reconfiguración de las formas de habitar. Desde una perspectiva de relaciones internacionales, se observar cómo la movilidad transnacional no sólo implica el desplazamiento de personas entre países, sino también la llegada de actores extranjeros que se instalan en regiones ecológicas bajo discursos asociados a la búsqueda de naturaleza, vida alternativa, sustentabilidad y conexión ambiental.

Estas formas de asentamiento producen una modalidad particular de extractivización del territorio. A diferencia del extractivismo tradicional, basado en la explotación directa de minerales, agua, bosques o energía, en este caso la extracción se realiza mediante la ocupación del espacio ecológico, la apropiación simbólica del paisaje y la transformación del valor social, cultural y económico de la tierra. La naturaleza se convierte así en un recurso deseado, consumido y resignificado por actores externos que, aun cuando se presentan desde un discurso ecológico, pueden contribuir a procesos de despojo, encarecimiento territorial, fragmentación comunitaria y debilitamiento de los derechos locales sobre la tierra.

La ecología puede ser utilizada como un lenguaje de legitimación para nuevas formas de ocupación territorial. En este sentido, el Chichinautzin permite analizar la relación entre migración internacional, desigualdad ambiental y disputas por el derecho a habitar. El caso invita a repensar la justicia socioambiental desde una escala transnacional, considerando que los impactos ambientales no sólo derivan de grandes proyectos extractivos, sino también de prácticas residenciales, discursos verdes y formas de consumo territorial vinculadas con la movilidad global.