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Taiwan enfrenta, como nunca antes, un escenario de complejidad geopolítica, en especial cuando emerge en los EE UU un sentido de posible abandono y respaldo a su aliado en el espacio inmediato a China. Al mismo tiempo, las presiones del gobierno de Beijing sobre reivindicaciones constantes sobre la soberanía de la isla, ha abierto el debate sobre cuáles podrían ser las dinámicas que Taiwán podría enfrentar en el corto plazo. A eso se agrega la proyección mediática que ha tenido el partido Kuo Ming Tang que ha asumido una posición pro-China con mayor énfasis y que podría repercutir en las elecciones presidenciales de 2028 en la isla. Por ende, las presiones de ambas potencias ponen en un marco de indefinición el rumbo de Taiwán, quien tendrá que hallar una fórmula para mantener su actual estatus.

Históricamente, las Repúblicas Centroasiáticas fueron creadas en su versión moderna, como parte de la Unión Soviética.

Sin detrimento alguno de las naciones originarias, la existencia y actuación de la región de Asia Central como Estados Nación en el marco de la política internacional ha estado ligada indisolublemente a la Unión Soviética, y posteriormente a Rusia.

Tanto durante la Guerra Fría, como en las dos posteriores a su final, las cinco repúblicas se independizaron políticamente; no obstante, la dinámica regional considerando sus fuertes vínculos con la también renovada Federación Rusa, dejó claro que no avanzaría linealmente. La riqueza en hidrocarburos y la infraestructura para su extracción y traslado de los mismos, en los territorios de estas cinco repúblicas, implicaron una creciente importancia a nivel regional.

Una de las prioridades geopolíticas de Rusia es mantenerse como líder de la región euroasiática, de tal forma que las relaciones con estas repúblicas representan un aspecto central en el escenario político y militar tan volátil de esta región actualmente.

Por lo tanto, explorar la relación de los regímenes políticos de estas repúblicas en su relación con Rusia y su posición geopolítica consituye una arista importante para comprender la problemática regional.

En la presente ponencia se analizará una propuesta de investigación geopolítica en una zona estratégica bautizada como El Triángulo Dorado Energético (EL TDE), la cual comprende un grupo de países que comparten fronteras con tres áreas estratégicas; el mar Negro, el mar Caspio y el Golfo Pérsico, juntos constituyen tres corredores que comunican a otros mares importantes y cruciales para el paso de los energéticos y mercancías cruciales para el desarrollo humano. A su vez, el EL TDE, se presentan dos relaciones geopolíticas de transcendencia, por un lado, la relación de tres países pivote; Irán, Siria y Ucrania por el otro, con Estados unidos, Rusia y China, quienes buscan posicionarse en dicha zona.

Con más de 27 millones de km2, una densidad poblacional promedio de 64 habitantes por km2 y un PIB per cápita de 12.42 dólares diarios por persona, hace de ésta una región notable; equivalente a una extensión territorial tres veces a la de toda Europa (incluyendo la parte europea de Rusia) similar en cuanto a densidad poblacional con el viejo continente, a diferencia que este último tiene en promedio 70 habitantes por km2; una población de 488 millones, de ellos el 53% son musulmanes – 235.7 millones- es decir, una de cada dos personas que viven en la región profesan el Islam.

Esto último es importante, puesto que las decisiones más importantes serán tomadas por líderes islámicos. 3 vértices estratégicos por petróleo y gas, 3 países clave en la región y 3 potencias en pugna.

La invasión de Ucrania en 2022 desencadenó una crisis humanitaria que puso a prueba la arquitectura institucional europea y dejó al descubierto la inmensa fragilidad de los menores que cruzan las fronteras sin sus familias. Para entender cómo se responde a este reto, en esta ponencia presento los hallazgos de mi investigación, en la cual evalúo si el sistema de acogida español cumple genuinamente con las exigencias del Derecho Internacional Humanitario y la normativa comunitaria. En el fondo, busco responder a una pregunta clave: ¿El Estado está priorizando de forma real el Interés Superior del Niño o sigue subordinando el cuidado infantil a sus políticas de control migratorio? A partir de una revisión dogmática profunda, contrasto el régimen normativo actual, destacando la Directiva de Protección Temporal y la intervención de actores estratégicos como el ACNUR, frente a lo que ocurre en la práctica operativa.

Mi investigación confirma que la Protección Temporal funcionó como un alivio burocrático rápido, pero carece de cimientos para asegurar el futuro de los infantes. Existe una falla estructural grave: a los menores se les mira primero a través del lente de la extranjería. Este vacío institucional los deja a merced de redes de trata y delincuencia transnacional, peligro que detona al alcanzar la mayoría de edad. Como conclusión, demuestro que proteger a la infancia exige abandonar soluciones de emergencia. Únicamente transitando hacia un modelo de estabilidad jurídica se logrará materializar el mandato del Interés Superior del Niño ante los actuales desafíos internacionales.