Programa preliminar de actividades

Las políticas públicas en materia de criminalidad en Latinoamérica han sido una preocupación constante debido a los altos índices de violencia, delincuencia organizada y debilidad institucional. En general, los países de la región han adoptado estrategias diversas para enfrentar la criminalidad, aunque con resultados variables. Muchas políticas se han centrado en el enfoque punitivo, fortaleciendo el aparato policial y militar, incrementando penas y endureciendo leyes. Sin embargo, estas medidas no siempre han logrado reducir de forma sostenible la criminalidad y, en algunos casos, han contribuido a la sobrepoblación carcelaria y la violación de derechos humanos.

En los últimos años, se han promovido políticas más integrales que incluyen la prevención del delito, el fortalecimiento de la justicia penal, la reinserción social y el desarrollo comunitario. Estas estrategias buscan atender las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad, el desempleo juvenil y la falta de acceso a la educación y servicios básicos. También se han impulsado iniciativas de seguridad ciudadana que involucran la participación de la comunidad y la cooperación entre instituciones estatales y actores sociales.

Organismos internacionales como la ONU y la OEA han brindado apoyo técnico y financiero para el desarrollo de políticas basadas en evidencia. No obstante, los desafíos persisten, entre ellos la corrupción, la impunidad y la falta de continuidad en las políticas públicas. Para avanzar, se requiere un compromiso sostenido por parte de los gobiernos y una mayor coordinación regional que permita enfrentar de manera conjunta las amenazas transnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado.

El sistema internacional contemporáneo se caracteriza por ser multipolar. En el proceso de cambio sistémico de las últimas décadas se ha dado una competición estratégica entre las principales potencias, destacándose Estados Unidos y la República Popular China. Esta competición genera tensiones en el plano ideacional referido a las narrativas, y en el material asociado a la distribución de capacidades económicas y militares y la influencia que deriva de aquellas.

Si bien la región de América Central, desde un punto de vista geopolítico, es una zona de influencia estadounidense, el proceso de cambio sistémico ha habilitado a la República Popular China para adquirir, de manera progresiva y creciente, un rol fundamental como socio de estas naciones, lo cual se acompaña por una estrategia de política exterior y una narrativa que pugna con los valores e ideas dominantes en Occidente, y que es percibida como amenazante por Estados Unidos y la nueva administración Trump.

El propósito de esta ponencia es reflexionar sobre la dinámica de la competición estratégica entre Estados Unidos y China, y sus efectos en América Central. En ese marco, se examinará la dimensión de la seguridad, para lo cual se tomará como referencia la “Iniciativa Global de Seguridad” propuesta por China en 2022 como una narrativa frente a la perspectiva dominante en Occidente, y su incidencia en la concreción de dinámicas de cooperación de seguridad con los países de la región, enfatizando la segunda administración Trump.

La seguridad marítima se ha convertido en un elemento central de la estabilidad hemisférica, dado el creciente impacto del tráfico ilícito, la pesca ilegal, la contaminación de los océanos y la militarización de espacios marítimos estratégicos. A pesar de su relevancia, en México y América Latina el estudio de la seguridad marítima sigue siendo un campo poco explorado dentro de las Relaciones Internacionales, a pesar de que la región alberga rutas comerciales vitales y zonas en disputa de interés estratégico.

Esta ponencia analiza los principales desafíos que enfrenta la seguridad marítima en las Américas, considerando amenazas convencionales y emergentes que afectan la gobernanza oceánica. Además, se abordarán los mecanismos de cooperación regional impulsados por organismos como la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y acuerdos bilaterales entre países del hemisferio.

Se prestará especial atención al papel de México como un actor indispensable en la seguridad marítima hemisférica, dada su posición geopolítica y sus desafíos en materia de protección de puertos, vigilancia marítima y combate al crimen organizado transnacional en aguas territoriales. Finalmente, se discutirán las perspectivas para el siglo XXI, destacando la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y la formulación de estrategias conjuntas para garantizar la seguridad en el espacio marítimo regional.

La ponencia parte de los conceptos de bioseguridad, transdiplomacia y comunidad de seguridad para ofrecer una propuesta teórica hacia la construcción de una comunidad de bioseguridad regional en el Gran Caribe.

La bioseguridad se define operativamente como todas aquellas decisiones y prácticas políticas finalizadas al cuidado, la producción y reproducción de la vida en un territorio. La transdiplomacia se refiere a una apuesta práctico-teórica que atraviesa contemporáneamente las instituciones y la sociedad civil para construir redes de cooperación multinivel. Una comunidad de seguridad es un espacio geopolítico cuyos estados que lo componen han establecido relaciones pacíficas que hacen poco probable el estallido de conflictos armados entre ellos.

A partir de esos tres conceptos y con referencia a la literatura del giro ecoterritorial latinoamericano se formulará una propuesta para ofrecer un enfoque novedosos a disposición de la sociedad civil y de los tomadores de decisiones caribeños.