La Corte Penal Internacional (CPI) enfrenta desafíos significativos en la investigación y enjuiciamiento de crímenes en conflictos internacionales como los de Israel-Palestina (Hamás) y Ucrania-Rusia. Esta ponencia analiza las limitaciones jurídicas, políticas y operativas del tribunal en estos casos.
Uno de los obstáculos clave es la jurisdicción de la CPI. En el caso de Ucrania, aunque no es Estado parte del Estatuto de Roma, ha aceptado la jurisdicción del tribunal y el caso fue remitido por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que facilita las investigaciones. En contraste, en Palestina, que es miembro de la CPI desde 2015, el tribunal tiene competencia formal sobre crímenes cometidos en los territorios ocupados, lo que le permite investigar posibles violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por Israel y Hamás.
Sin embargo, la CPI enfrenta serias limitaciones operativas, como la falta de cooperación de los Estados involucrados, lo que impide la recopilación de pruebas y la ejecución de órdenes de arresto. Además, las presiones geopolíticas y la falta de mecanismos coercitivos efectivos reducen su capacidad para garantizar la rendición de cuentas, lo que genera críticas sobre su imparcialidad y efectividad.
La ponencia concluye que, aunque la CPI es un mecanismo esencial para la justicia internacional, su impacto sigue siendo limitado por la falta de apoyo global y la resistencia de actores poderosos, lo que evidencia la necesidad de reformas para fortalecer su funcionamiento y legitimidad.
