Desde enero del 2020, oficialmente México adoptó una Política Exterior Feminista (PEF), ello supone orientar una serie de acciones de política pública, recursos humanos y materiales, estrategias gubernamentales y decisiones en foros globales y regionales con el objetivo de promover la igualdad de género, abatir políticas y prácticas discriminatorias, eliminar la desigualdad e impulsar la agenda feminista en las relaciones internacionales y la política mundial.
Desde entonces, el gobierno mexicano ha sido objeto de reconocimiento por su compromiso con una política exterior con perspectiva de género. Al propio tiempo, en México, sin embargo, persisten condiciones, estructuras, dispositivos de desigualdad de género, extendidas por todo el país, tanto en el ámbito público como en el privado y, peor aún, violencia creciente hacia las mujeres, persecución hacia mujeres migrantes, estigmatización hacia personas de la comunidad con distintas orientaciones sexuales e identidades de género.
La persistencia de la desigualdad de género en diversos ámbitos de la vida pública de México, incluida la Secretaría de Relaciones Exteriores y el propio Servicio Exterior Mexicano, del sexismo y la violencia hacia las mujeres en buena parte del país ponen en riesgo la viabilidad de esa PEFM, el cumplimiento de sus objetivos y metas.
