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Ante el incuestionable hecho de que los datos económicos del 2022 revelaran un detrimento de la situación debido a causas como la COVID-19. y que los retos mundiales entre conflictos y condiciones climáticas adversas se siguieran acumulando, estalló una guerra entre Rusia y Ucrania, justo en un periodo en el que más de 800 millones de personas padecen hambre y tres mil millones más carecen de toda posibilidad de acceder a regímenes nutritivos medianamente beneficiosos.

Hoy todavía, las nuevas variantes de la COVID-19 y las consecuencias sobre la seguridad alimentaria de la guerra en Ucrania amenazan a la población mundial en su totalidad, si bien el impacto final sobre ella ha venido evidenciando la desigualdad en la resiliencia de los países y la profunda disparidad sistémica en sociedades en las que los grupos más vulnerables, como mujeres, jóvenes y trabajadores en situación irregular, simplemente luchan por asegurar unos ingresos mínimos para poder subsistir.

A todo ello se suma la relación directa entre los precios de la energía y el de los alimentos y fertilizantes, así como los costos al alza en el transporte, que encarecen los precios de los diversos eslabones de la cadena agroalimentaria, situación que induce a muchos países hacia una mayor y persistente inflación, en especial de la canasta básica, que hace que incluso las despensas más esenciales queden fuera del alcance de muchos hogares.