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Resumen

Las problemáticas del cambio climático han puesto en alerta máxima a la comunidad internacional. De manera que los países, sobre todo los hegemónicos, están acaparando políticas encaminadas en desarrollar la tecnología relacionada con la llamada “transición energética”. Dentro de este proceso, se genera una fuerte demanda por minerales, base de la transformación tecnológica, específicamente las baterías de ion-litio para los vehículos eléctricos, por lo que las patencias mundiales se baten por garantizar el suministro de este recurso. De tal manera que se desarrolla una geopolítica de los recursos minerales, sobre todo de litio, que se vuelven críticos para la industria de las potencias hegemónicas.

En este sentido, se muestra una competencia entre las naciones desarrolladas, específicamente Estados Unidos, China, entre otros, por acaparar el litio de Sudamérica. Es desde este planteamiento, y dentro de la estructura de producción en cadenas globales de valor, que se prioriza, a través del mercado, el suministro de tal recurso. Aquí entra el importante papel que tiene las empresas transnacionales en el juego geopolítico de las potencias hegemónicas y el surgimiento de empresas transnacionales de carácter estatal.

Este es el marco en donde se desarrolla el análisis de la geopolítica que engloba al litio como un recurso crítico para los países industrializados. La importancia de este mineral es crucial para las tecnologías de la transición energética, específicamente para el almacenamiento de energía en baterías de iones de litio, el componente principal de los vehículos eléctricos.

El régimen de solución de controversias inversor-Estado ha sido objeto de fuertes críticas, en particular en su condicionamiento del espacio de política pública y el derecho de regular, corazón de la soberanía regulatoria. En el camino por recalibrar el régimen, además de atender su condicionamiento del espacio de política pública, también emerge la necesidad de crear un entorno habilitante para la construcción y consolidación sociedades e instituciones pacíficas y justas así como proteger los derechos humanos, de conformidad con el punto 3 de la resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General.

¿Cómo dialoga el régimen de solución de controversias inversor-Estado con la Agenda 2030? Esta pieza argumenta la existencia de tensión en el diálogo entre ambos, estructurando el análisis en dos bloques: 1) el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), y 2) los ODS 6 (agua limpia y saneamiento), 7 (energía asequible y no contaminante) y 13 (acción por el clima). El impacto en ambos bloques se ilustrará mediante el estudio de casos concretos de disputas que involucran, preferentemente, a Estados Latinoamericanos.

La crisis global y el modelo de desarrollo actual presentan una situación de riesgo para el futuro de la humanidad, tanto desde una concepción tradicional de la seguridad como desde nuevos enfoques (seguridad humana, seguridad ambiental, entre otras). Esto nos obliga a redefinir, en la práctica, definiciones de política pública global que tendrían que responder a los retos que enfrenta la humanidad en este contexto. Siguiendo esta perspectiva, el fortalecimiento de las capacidades institucionales resulta no sólo imperativo, sino urgente ante los pocos resultados obtenidos en las últimas décadas. Herramientas y nuevos modelos teóricos-metodológicos nos permiten acercarnos al análisis de la ausencia o pérdida de estas capacidades que está ocurriendo. El análisis de la actual agenda global 20-30 de Naciones Unidas nos permite evaluar de manera concreta qué tanto hemos logrado avanzar en el alcance de estas metas y nos permite también reflexionar sobre cómo debemos de entender la construcción de capacidades en el mundo actual. De acuerdo a las bases de datos de la CEPAL nos demuestra una realidad marcada por la inconsistencia en el reporte de información indispensable para valorar los avances de la comunidad internacional. Este trabajo tiene como objetivo analizar el grado de cumplimiento de metas relacionadas con la construcción de capacidades, entendidas estas como precondición para alcanzar los ODS 2015-2030.