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Esta ponencia analiza las tensiones derivadas de la coexistencia de actividades agrícolas, mineras y turísticas en el sur de Chihuahua, una región integrada a circuitos económicos nacionales y globales mediante la producción agroalimentaria, la extracción de recursos y la promoción turística de la Ruta de Villa. Desde una perspectiva de geografía laboral y ecología política, se examina cómo la competencia por fuerza de trabajo y recursos naturales, particularmente el agua, configura los mercados laborales rurales y los procesos de desarrollo territorial.

La investigación combina análisis espacial y entrevistas en profundidad con actores locales en los Distritos de Desarrollo Rural de Parral y Río Florido. Los hallazgos muestran que la demanda simultánea de mano de obra por parte de distintos sectores económicos genera dinámicas de movilidad laboral, segmentación ocupacional y condiciones diferenciadas de acceso al empleo, particularmente entre poblaciones migrantes y grupos históricamente vulnerables como los jornaleros. Asimismo, se identifican disputas en torno al uso de recursos estratégicos que reflejan la superposición de modelos de desarrollo promovidos por actores públicos y privados.

En diálogo con los estudios internacionales sobre gobernanza de recursos, desarrollo sostenible y cadenas globales de valor, el trabajo argumenta que los conflictos observados no constituyen fenómenos exclusivamente locales, sino expresiones territoriales de procesos económicos más amplios vinculados a la inserción desigual de regiones periféricas en mercados globales. Se concluye que comprender las interacciones entre trabajo, recursos naturales y estrategias de desarrollo resulta fundamental para avanzar hacia modelos de sostenibilidad territorial más incluyentes y socioambientalmente justos.

La gestión de los recursos hídricos compartidos entre México y Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales focos de tensión dentro de la relación bilateral contemporánea. En particular, las controversias derivadas del cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 en la cuenca del Río Bravo han adquirido creciente relevancia política y estratégica en un contexto marcado por sequías prolongadas, cambio climático, presión agrícola y aumento de la demanda hídrica en ambos países.

La presente ponencia analiza la evolución de las crisis derivadas del cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, centrando el análisis en las entregas de agua del Río Bravo por parte de México y utilizando los mecanismos de cooperación desarrollados en el Río Colorado como elemento comparativo. El objetivo es examinar cómo han evolucionado los mecanismos diplomáticos e institucionales empleados para la resolución de estas controversias, así como identificar las limitaciones actuales del régimen hídrico bilateral frente a los desafíos ambientales y políticos contemporáneos.

Desde una perspectiva de gobernanza transfronteriza e interdependencia compleja, se argumenta que el régimen hídrico establecido en 1944 ha mostrado una importante resiliencia institucional; sin embargo, las presiones derivadas de la escasez hídrica y la creciente politización de la relación México–Estados Unidos han transformado gradualmente el manejo del agua de un esquema predominantemente técnico hacia un ámbito de creciente presión diplomática y estratégica.

A casi cuatro décadas de la publicación del informe Our Common Future, el paradigma del desarrollo sostenible mantiene una posición central en la arquitectura de la gobernanza ambiental global.

Esta ponencia analiza, desde la perspectiva de la ecología política latinoamericana, cómo este marco normativo internacional opera estructuralmente como un dispositivo de transferencia de responsabilidades ambientales hacia los actores del Sur Global con menor capacidad material para asumirlas.

Se argumenta que el orden ambiental internacional logró institucionalizar un consenso global mediante una ambigüedad conceptual el cual despolitiza las asimetrías distributivas bajo un lenguaje técnico.

Para demostrar cómo esta directriz global se materializa y fracasa en el territorio, el estudio se ancla empíricamente en la agricultura campesina de la región mixteca en Oaxaca, México, examinando el caso de San Simón Zahuatlán.

A través de este análisis, se evidencia que los instrumentos derivados de los acuerdos internacionales, al traducirse en políticas nacionales, delegan los costos de la crisis ecológica a las comunidades rurales.

La investigación concluye que frente a los desafíos del siglo XXI, es imperativa una transformación de la arquitectura conceptual que rige el orden ambiental internacional, abandonando la visión hegemónica y reconociendo prácticas ontológicas alternativas y de resiliencia local como verdaderas formas de sostenibilidad.

La barita, mineral crítico utilizado tanto en la industria petrolera como en la de energías renovables, se extrae en varios estados del norte de México —predominantamente Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sonora y Nuevo León— y en el sur en Chiapas, mientras que en Oaxaca se propone una nueva exploración en zonas donde la extracción de otros minerales, como la plata y el oro, ya ha generado importantes conflictos socioambientales. Este artículo examina y compara los conflictos socioambientales generados por el auge del GNL en Estados Unidos —que provocó un aumento drástico en la demanda mundial de barita— tal como se han desarrollado a nivel subnacional en estas regiones. A través de un análisis comparativo de casos informado por investigación archivística, examinamos los conflictos en comunidades aledañas a zonas de extracción de barita existentes y propuestas. Argumentamos que los factores geopolíticos que configuran las cadenas de suministro globales generan impactos significativos en las dinámicas de conflicto subnacional —impactos que merecen una consideración cuidadosa por parte de los tomadores de decisiones, particularmente dada la vulnerabilidad de las poblaciones ubicadas en zonas de extracción de recursos. Nuestros hallazgos contribuyen a un creciente corpus de investigación sobre cadenas de suministro de minerales críticos, conflictos en el sector extractivo y las consecuencias domésticas de la geopolítica energética de las grandes potencias, al tiempo que tienen implicaciones concretas para el marco regulatorio de México y sus obligaciones internacionales derivadas del Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT.