Programa preliminar de actividades

La salud mental, históricamente relegada y estigmatizada, emerge con fuerza como un derecho humano fundamental en el escenario global contemporáneo. Esta ponencia explorará la evolución de la comprensión de la salud mental, desde una perspectiva puramente clínica hasta su reconocimiento como un componente intrínseco del bienestar integral y la dignidad humana.

Analizaremos cómo diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, aunque no siempre explícitamente, fundamentan el derecho a la salud mental. Esto incluye el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la libertad y seguridad, y al más alto nivel posible de bienestar físico y mental.

La ponencia destacará la urgencia de una acción global coordinada para garantizar el derecho a la salud mental para todos. Se propondrán enfoques y estrategias clave:

• Marcos legales y políticas insuficientes: Muchos países carecen de legislaciones que protejan los derechos de las personas con problemas de salud mental.

• Impacto de determinantes sociales: La pobreza, la violencia, la desigualdad y la falta de educación influyen negativamente en la salud mental.

• Crisis humanitarias y conflictos: Estas situaciones exacerban los problemas de salud mental y dificultan el acceso a la atención.

• Integración de la salud mental en la atención primaria de salud.

• Desarrollo de políticas públicas inclusivas y basadas en derechos.

• Lucha contra el estigma y la promoción de la conciencia.

• Inversión en servicios de salud mental accesibles y de calidad.

• Fortalecimiento de la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas.

• Empoderamiento de las personas con problemas de salud mental y sus familias.

El desarrollo tecnológico y el crecimiento acelerado de la población ocasionó que la demanda de recursos naturales incrementara indiscriminadamente, lo que tuvo como consecuencia un desgaste de dichos recursos y aún más un deterioro notable de la calidad del agua, aire y tierra. Lo anterior generó preocupación entre la población ya que de seguir al mismo ritmo en pocos años el acceso a esos recursos sería limitado y para futuras generaciones, nulo, por lo tanto, ante la latente necesidad surgen los denominados derechos de solidaridad o derechos de los pueblos, dentro de los cuales los Estados han reconocido el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible. Diversas fueron las conferencias y acuerdos que llevaron a su reconocimiento y que buscan protegerlo, en ese sentido, resulta interesante entender y analizar el origen y de este derecho humano y aún más los mecanismos para salvaguardarlo.

El cambio climático está generando desplazamientos humanos cada vez más frecuentes y complejos, tanto internos como transfronterizos. Sin embargo, la estructura jurídica e institucional a nivel internacional aún no reconoce formalmente a los migrantes climáticos ni establece mecanismos efectivos para su protección. Esta ponencia examina las omisiones normativas persistentes en el derecho internacional y en los marcos de cooperación global frente a esta forma de movilidad humana, y analiza cómo dichas ausencias reproducen desigualdades estructurales entre países emisores y receptores, así como, al interior de estos. También se subraya la disparidad entre quienes más contribuyen al cambio climático y quienes más sufren sus efectos. De esta manera, se analiza el limitado alcance de instrumentos como el Pacto Mundial para la Migración, el Acuerdo de París y los marcos del ACNUR y la OIM, así como la falta de voluntad política para establecer compromisos vinculantes. A partir de ello, se plantea que la ausencia de una respuesta coordinada y basada en derechos humanos refleja una falla profunda del sistema internacional para abordar la migración climática desde una perspectiva de justicia ambiental global. La ponencia subraya la importacia del avance hacia una cooperación internacional que incorpore los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas, equidad climática y solidaridad transnacional, con énfasis en la construcción de mecanismos de protección jurídica que garanticen los derechos de las personas desplazadas por cuestiones climáticas.