Programa preliminar de actividades

Dentro de los diversos planteamientos que han desarrollado los países a nivel interno, las acciones nacionales están requiriendo de la consolidación de trabajos internacionales que permitan abordar la destrucción de los bosques amazónicos de una manera sistémica y diversificada. Asimismo, que se puedan desarrollar pilares que impulsen la economía forestal y legalicen el uso sostenible de los bosques, bajo la ejecución de:

1. Gobernanza forestal, a nivel regional, como modelo que incentive la economía forestal mediante la voluntad política de los gobiernos para detener la deforestación en el territorio amazónico.

2. Políticas con enfoque bioeconómicos que promueva la generación de bionegocios y la consolidación de acuerdos sectoriales para la sostenibilidad de la Amazonía.

3. Participación de la sociedad civil en el asesoramiento de los suelos amazónicos con suelo maderable, así como en las diversas formas de aprovechamiento de los recursos disponibles (tala selectiva con determinación de especies y volúmenes autorizados, semillero de árboles maderables para obtener semillas, a futuro, entre otros).

4. Monitoreo y seguimiento a las acciones desplegadas en la región, que orienten la toma de decisiones.

En este sentido, los problemas ambientales que actualmente se vienen presentando en la Amazonía demuestran que la cooperación internacional es de vital importancia para reforzar gestiones de conservación ambiental.

Agentes internacionales tales como UNFPA han impulsado a través de diversas maneras con acciones que permiten contribuir al desarrollo sostenible de manera local, colocando a los actores involucrados en un lugar preponderante para lograrlo. En esta ponencia, se considera a las juventudes como actores relevantes en materia de conservación del medio ambiente, en tanto actores sociales, identifican las problemáticas de su territorio. Desde un enfoque neoinstitucional permite explorar la cooperación, cohesión, reciprocidad e identidad con la comunidad con otros actores involucrados, elementos que otorgan la posibilidad de observar las estrategias y acciones, que los actores reproducen socialmente en la conservación y cuidado del medio ambiente más allá de las recomendaciones internacionales. El objetivo general de esta investigación es exponer desde el capital social comunitario, las acciones que han tomado los jóvenes en la conservación del medio ambiente. A través de herramientas cualitativas, como la entrevista semi estructurada, se pretende indagar en los testimonios de los jóvenes y las acciones que han implementado de manera colectiva en el cuidado del ambiente. Dentro de las conclusiones se tiene que las juventudes representan un eslabón estratégico para la conservación ambiental en la dimensión local.

El derecho humano a un medio ambiente sano está reconocido tanto en instrumentos internacionales como en el marco constitucional mexicano. Sin embargo, en la práctica, su ejercicio efectivo en contextos locales se ve gravemente limitado por un modelo predominantemente punitivo de justicia ambiental. Esta ponencia examina cómo esta lógica —donde los daños al ambiente son judicializados después de consumados— perpetúa la violación de derechos humanos, especialmente en regiones como Quintana Roo, donde el desarrollo turístico se ha impuesto sobre los principios de sostenibilidad y precaución.

A través del análisis de tres casos paradigmáticos (Malecón Tajamar, Chemuyil-Chemuyilito y Península Hazama), se evidencia una estructura legal y administrativa que favorece el avance de megaproyectos sin salvaguardas ambientales previas ni participación ciudadana efectiva. Esto obliga a las comunidades a “litigar el aire que respiran”, enfrentando procesos largos, costosos e inequitativos.

En este contexto, se reflexiona críticamente sobre los desafíos de implementar instrumentos del derecho internacional ambiental —como el Acuerdo de Escazú— en el ámbito subnacional. Si bien México es signatario, su operativización local aún enfrenta resistencias políticas, vacíos normativos y barreras estructurales. La ponencia propone repensar el vínculo entre cooperación internacional y gobernanza ambiental local, apuntando hacia mecanismos preventivos vinculantes como vía real de garantía de derechos.

Colombia como estrategia para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, formula el Plan Nacional de Negocios Verdes 2022–2030, el cual constituye un medio para lograr la trasformación de triple impacto desde lo económico, social y ambiental en los territorios, aprovechando las ventajas comparativas.

La generación de negocios verdes, se fundamenta en el apoyo a economías locales y populares, con respeto a los saberes ancestrales, pero con agregación de valor, para potenciar el desarrollo de personas vulnerables; promueve el uso eficiente de recursos y el aprovechamiento de los residuos para contribuir a la sostenibilidad ambiental y la transformación económica global, impulsando modelos asociativos.

Es, por tanto, que el objetivo del presente estudio es analizar el avance de las metas expuestas en el PNNV, desde una perspectiva económica, social y a ambiental, para tal fin, se utilizó una metodología descriptiva, con base en información secundaria de las entidades gubernamentales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las corporaciones autónomas regionales, entre otras.

Los resultados evidencian una apertura creciente de los negocios verdes que generan ingresos a familias y aportan al desarrollo del país, son objeto de inclusión social a través de la generación de empleo en especial en las mujeres, se desarrollan con base en actividades productivas propias del territorio y autóctonas, en espacios de economía familiar y con consciencia ambiental.